protestan la AZ-200

LEY 200
Los que suscriben, legisladores y legisladoras de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes consideraciones:

La ley 200, "Protege Arizona", aprobada por mayoría de votantes en un estado que se ha hecho famoso por las brigadas caza migrantes, es una acción encaminada a impedir la eventualidad de avanzar ya no digamos en un acuerdo migratorio bilateral, sino ni siquiera la unilateral reforma migratoria que han planteado algunos legisladores estadunidenses se encuentran en la agenda de discusión del congreso de Estados Unidos.

Evidentemente significa un enorme obstáculo para el acuerdo migratorio bilateral, y una amenaza directa contra los mínimos derechos que tienen los indocumentados mexicanos no sólo en Arizona sino también en otros estados fronterizos.

La reelección del señor Bush, por cierto apoyada por algunos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya perfilaba, no sólo la continuidad de una política belicista a nivel mundial, sino el fortalecimiento en todo Estados Unidos del conservadurismo de ultraderecha que no respeta valores mínimos de la dignidad humana, aún cuando en declaraciones recientes, el señor Bush haya retomado su propuesta de trabajadores temporales que emitió el 7 de enero de este año.

Esta Ley, que además cultiva la delación y la denuncia como base de la lucha contra la seguridad fronteriza, tiene como objetivo declarado por sus promotores el de obligar al gobierno federal a que enfrente el problema de la migración ilegal masiva y endurezca sus leyes migratorias y es una propuesta discriminatoria y violatoria de la Convención Internacional de Protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias que México ha firmado, y ratificado.

La entrada en vigor a partir de enero, abrirá la posibilidad de que otros estados en los que viven cientos de miles de indocumentados mexicanos, como California y Texas, puedan tomar medidas similares a través de leyes promovidas por los grupos xenofóbicos que cada día toman más fuerza, pues a partir del 11 de septiembre del 2001, la política de seguridad nacional de Estados Unidos ha significado la construcción del miedo y que en el caso de la frontera México-EUA se ha querido ligar al terrorismo con la migración de mexicanos.

Las autoridades federales de relaciones exteriores y de otras dependencias del gobierno federal han sido coparticipes de crear este clima adverso para la migración de mexicanos al dar apoyo y aval incondicional a programas como la repatriación voluntaria, las balas de goma, o a programas que se construyen desde la perspectiva estadounidense de su seguridad doméstica y que el gobierno federal acepta sin restricciones y defiende, como ha sido el convenio de fronteras inteligentes que no separa la lucha en contra del terrorismo de lo que ha sido el fenómeno migratorio.

El gobierno mexicano debería realizar una acción de tanta contundencia como cuando decidió retirar a nuestra embajadora en Cuba por supuestas violaciones a nuestra soberanía. Aquí en este tema, se están violando los derechos más elementales de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos, por lo que exigimos al gobierno mexicano que actúe con dignidad y firmeza y no sólo a través de declaraciones, sino que apoye con una sola acción de tanta contundencia como el agravio a los grupos de la comunidad mexicana y de derechos humanos que se oponen a la ley y con esto mandar un mensaje para que la apelación ante la Suprema Corte de esta decisión discriminatoria y racista pueda tener éxito.

Por lo antes expuesto, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con



Punto de Acuerdo



Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal para que de conformidad con la facultad que le otorga la Fracción II del Artículo 89 constitucional, de inmediato retire al embajador de México en Estados Unidos de América, Carlos de Icaza González, como forma de protesta por la entrada en vigor de la Ley 200 aprobada en el estado de Arizona y de otras leyes discriminatorias y racistas que están a punto de ser aprobadas en el congreso estadounidense.



29 de diciembre de 2004







Dip. Eliana García Laguna Dip. Jorge Martínez Ramos